”Iglesias, deben enterrarte con Maradona”: amenazan de muerte a Pablo Iglesias Las amenazas al vicepresidente son continúas

Pablo Iglesias en una imagen de archivo
Pablo Iglesias en una imagen de archivo

Momentos después de que anunciaran la muerte del ex futbolista argentino, Diego Armando Maradona, el vicepresidente del Gobierno de Coalición, Pablo Iglesias , envió un mensaje a todos los seguidores del tan afamado 10 de Argentina, para ofrecer su pésame y unas sentidas palabras ante tan doloroso momento para algunos.

En esta ocasión el jefe de Podemos volvió a ser amenazado de muerte.

AMENAZAS COMUNES

Hace un mes, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibía también una amenaza directa en Twitter en donde se pedía acabar con su vida si no dimitía por la petición del juez García-Castellón para que se le investigara.

«Bueno en vista de que Pablo Iglesias no va a dimitir en vista de su imputación por el Tribunal Supremo… Habrá que matarlo ¿No?, ¿Acaso no es lo que hacían los comunistas cuando no cumplían con lo que se le decían?», señaló una usuaria de Twitter.

Iglesias respondía: «Por más que continúen las amenazas de muerte, seguiremos trabajando desde el Gobierno y con la ley en la mano para hacer un país mejor. Ni la violencia ni las amenazas ultras detendrán los avances democráticos», citando el tuit de la amenazante.

No, no tiene que dimitir

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún debe decidir si investiga a Pablo Iglesias. No está imputado, sino que el juez ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se le investigue.

Tanto el artículo 71 de la Constitución Española como el artículo 11 del Reglamento del Congreso indican que los diputados están aforados, y el artículo 102 de la Constitución hace lo propio para los miembros del Gobierno. Además, para poder ser jugado por el Supremo haría falta que el Pleno del Congreso de los Diputados lo autorizara mediante una votación.

Asimismo, el actual código ético de Podemos no dice que los imputados tengan que dimitir de su cargo, no contempla la imputación o la investigación por un delito como un motivo de dimisión. Las razones por las que un cargo público de este partido están recogidas en el punto XI.e del documento, y son “ser procesado o condenado”.

Amenazas también a Irene Montero y sus hijos

Los episodios de odio hacia el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y su entorno han cruzado estos meses dos inquietantes líneas: ya van directamente contra sus hijos, mientras crece la intensidad del asedio a la vivienda familiar para incluir el lanzamiento de objetos.

“Llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen a hostias”, respondió en Twiter el perfil @Knox_es en respuesta a una tuitera que firma como @Belonavox y que se preguntaba a qué colegio van a llevar a sus pequeños y Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero, “porque van a ser carne de collejas”.

Los mensajes, lanzados el pasado martes, 18 de agosto, y que en el caso de @Belonavox tuvo una amplia difusión al ser objeto de 1.300 retuits y un millar de ‘likes’, han sido denunciados por Iglesias y Montero ante la Comisaría de Policía del Congreso de los Diputados al considerarlos “graves manifestaciones contra nuestros tres hijos donde claramente se incita al odio y a la violencia”.

Los autores de los dos tuits que Iglesias y Montero consideran constitutivos de un delito de odio actúan en esa red social bajo sendos seudónimos que enmascaran su identidad, por lo que solicitan a la Policía que investigue de quién se trata.

Belona se presenta como votante de la formación ultraderechista Vox, además de “madre, católica, machista y enamorada de España”, licenciada en derecho y estudiante de oposiciones. Knox, que utiliza como seudónimo una palabra inglesa que significa “colina”, cerró su cuenta poco después de lanzar el tuit denunciado.

Tres niños de uno y dos años

“Es importante destacar la gravedad de las manifestaciones pues no solo las mismas son claramente incitadoras al odio y a la violencia”, señala la denuncia, “sino que se realizan [con] respecto de tres menores, nuestros hijos, que deben gozar de una especial protección” como tales. Iglesias y Montero tienen tres hijos, los gemelos Leo y Manuel, de dos años, y Aitana, de uno.

Los mensajes denunciados circularon por las redes el martes 18 de agosto, un día después de que la familia, que lleva meses sufriendo episodios de acoso, se viera obligada a abandonar por motivos de seguridad sus vacaciones en el valle de Lena (Asturias).

La filtración de su lugar de descanso, en una vivienda de la familia política del secretario general del PCE, Enrique Santiago, fue aprovechada por grupos de alborotadores para realizar protestas. También aparecieron pintadas con mensajes despectivos y amenazantes, como “Coletas, rata”, en el pueblo y sus alrededores.

Tras esos hechos comenzó un atronador silencio de los líderes de los principales partidos de la derecha española, como Pablo Casado y Santiago Abascal, mientras Inés Arrimadas (C’s) y Pedro Sánchez (PSOE) denunciaban el acoso. “Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo”, declaró, por su parte, Iglesias

Lanzaron objetos contra la vivienda familiar de Iglesias y Montero

El acoso en la vivienda de Galapagar, que se suma a los ataques en redes sociales, a menudo desde perfiles vinculados a posiciones de extrema derecha, también registró un salto cualitativo la madrugada del pasado domingo, lo que ha llevado al vicepresidente Iglesias a presentar una segunda denuncia.

En ella explica cómo, sobre las tres de la madrugada, cuatro personas se acercaron al muro del chalet en el que vive la familia para proferir “gritos, insultos y comentarios soeces” dirigidos a Iglesias al tiempo que arrojaban objetos al interior de la vivienda.

Ni los policías que se encargan de la seguridad del vicepresidente ni la Guardia Civil, alertada por estos, consiguieron interceptarlos.

No obstante, Iglesias reclama el número de los atestados o los informes que elaborara cualquiera de esos cuerpos para incorporarlos como documentación a la querella, o denuncia, que estudia presentar en vía judicial.

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